Protocolo municipal en período electoral

 

La convocatoria en el día de ayer de elecciones generales en España para el día 28 de abril, por el Presidente del Gobierno (ver declaración institucional) y cuya convocatoria aparecerá en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, ha generado cierta inquietud entre los responsables de protocolo de las comunidades autónomas y entidades locales sobre la aplicación del artículo 50.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) sobre la celebración de actos protocolarios relacionados con la “inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo”. La desazón a la que nos referimos viene provocada por si la convocatoria de elecciones generales imposibilita la realización de este tipo de eventos promovidos por las comunidades autónomas y entidades locales que celebran sus elecciones específicas casi un mes después, el próximo día 26 de mayo, y cuyo plazo de prohibición se restringiría sólo a su propio período electoral. Los responsables de protocolo deben ser extremadamente cuidadosos en este “protocolo electoral” al respecto pues la norma aunque despeja algunas dudas evidentes, conserva aún lagunas. Tampoco hay informes legales más allá de la instrucción de la Junta Electoral Central (JEC) y apelar a los usos y costumbres de cada zona nos llevaría a un camino sin retorno o sencillamente a la polémica y a probables sanciones administrativas. En cualquier caso, parece claro a juicio de los expertos que estos actos no podrán realizarse a partir de que aparezca en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de elecciones generales.

Protocolo y Elecciones Generales

Comparecencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes para anunciar la convocatoria de elecciones generales el 28 de abril.

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Protocolo para el ciudadano

Colau

La elección y toma de posesión de los alcaldes de los 8.115 ayuntamientos que existen en España, con sus 68.230 concejales, que vivimos ayer en España apunta a algo más que un mero cambio político. Cambio donde realmente ha habido vuelco electoral a favor de otras opciones políticas, y cambio necesario en la forma de actuar para quienes han podido mantener el puesto tras la tormenta electoral de mayo. Una cosa ha quedado demostrada más allá de las críticas suscitadas a la nobleza de los pactos o a las críticas de alianzas que a algunos le puedan parecer reprochables: es necesario un nuevo estilo de gobernar. Ese es uno de los mensajes que los españoles hemos trasladado con las urnas. Los pactos son lícitos y no pueden desprestigiarse en tanto no haya segundas vueltas. Electorales o listas abiertas. Si hubiera éstas o aquellas, serían los propios españoles quienes tendrían el derecho a decidir quién quiere que sea su regidor. La idea de la lista más votada se nos antoja como un argumento de escaso peso cuando alguien no ha obtenido la mayoría suficiente.

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