La batalla (protocolaria) de Granada

Muy buena presidenciaEste jueves ha vuelta a surgir la polémica a propósito de la no asistencia de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al X Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, celebrado en Granada al considerar que el Alcalde anfitrión, Torres Hurtado, no le permitía intervenir en el orden protocolario correcto. Los medios de comunicación se han hecho eco de este conflicto intentando buscar explicaciones protocolarias para buscar quién está en posesión de la verdad y valorar el alcance político de la cuestión. Antes que nada, recordar que el galardonado eraEduardo Lizalde. Hagamos ahora las reflexiones y valoraciones desde el punto de vista técnico, una vez hablado con las partes y vistos los diferentes medios de comunicación.
Los actos son programados, fijados y desarrollados por la entidad anfitriona, que es quien debe decidir sobre el contenido de los mismos. Es el anfitrión a quien corresponde invitar a las personas que considera idóneas para tomar la palabra o realizar un discurso. Por lo tanto, desde el punto de vista de la norma y de las tradiciones si puede decirse que el Ayuntamiento de Granada actuó de forma correcta si fuera cierto que no fue invitada la Presidenta de la Junta de Andalucía a tomar la palabra. Pudiera opinarse si era conveniente o no que hablara, pero no es ni política ni protocolariamente obligatorio que haya que darle palabra. De hecho, no en todos eventos a los que acuden los presidentes de las comunidades, especialmente cuando acompañan a la Familia Real, son invitados a hablar. Un buen antecedente de ello lo tenemos en los Premios Príncipe de Asturias en Oviedo o en el Premio Cervantes en Madrid. En ambos casos asistentes los presidentes autonómicos no son invitados a ello. Por lo tanto, hemos de entender que no es un descortesía o falta de consideración que no se invite a la Presidenta a hablar.
La primera propuesta
Pero hay matices muy importantes que conviene hacer. Según he podido contrastar con las diferentes partes implicadas, tanto del Ayuntamiento como de la Junta y de la propia Casa de S.M., la primera comunicación que llegó a la presidenta andaluza desde el ente municipal se le invitaba a hablar de acuerdo a este orden:
–       Lectura del Acta.
–       Entrega del Premio.
–       Discurso del galardonado.
–   Intervenciones del Secretario de Estado de Cultura, Presidenta de la Junta de Andalucía, Alcalde de Granada y Príncipe de Asturias (y en ese orden).
Se argumentaba para esta propuesta que el acto era muy importante para el Ayuntamiento, que era quien lo financiaba y que el Alcalde debía hablar el penúltimo (en protocolo la cuestión de pagar ni quita ni da derechos), cuestión que la Junta rechazó por no ser el orden que habitualmente se aplica de menor a mayor rango de acuerdo al Real Decreto por el que se establecen las precedencias en el Estado (que da mayor precedencia al presidente de la comunidad frente al alcalde del municipio del lugar donde se celebra el acto). Para la Junta transigir al respecto suponía un precedente no admisible.
Segunda propuesta
Tras las oportunas conversaciones entre los servicios de protocolo de las partes implicadas, el Ayuntamiento de Granada hizo una (no explicada) segunda propuesta en la que quedaban fuera de las intervenciones tanto el Secretario de Estado como la Presidenta de la Junta, manteniendo el mismo orden para el resto. Desde el gobierno regional se mantuvieron conversaciones con altos responsables de la Casa de S.M. que intentaron convencer al Ayuntamiento de que la Presidenta tomara la palabra y antes del Príncipe. Sin embargo, el Ayuntamiento no cedió y la Presidenta optó por no asistir.
Los antecedentes
A favor del criterio autonómico, habría que recordar el antecedente de la entrega del Premio García Lorca de 2004, al que asistieron el Príncipe y el entonces presidente Manuel Chaves quien habló y lo hizo inmediatamente antes que el Príncipe (que cerró) y después que el primer Edil, que era por cierto el mismo Alcalde actual. En la edición de 2005, Chaves volvió a asistir a la ceremonia de Puente Pinos y también habló de acuerdo al siguiente orden (no hubo presencia de Familia Real):
–       Alcalde de Granada.
–       Ministro.
–       Presidente de la Junta de Andalucía (que cerró).
Vistos estos antecedentes, parece claro que la Presidenta fue invitada a hablar y de ser así debía hacerlo inmediatamente ante que el Heredero de la Corona, y en cualquier caso después del Alcalde. Aunque el anfitrión del evento sea éste último y suya es la responsabilidad de fijar el contenido del mismo, la tradición y la costumbre (que para protocolo tiene rango de Ley), así como la propia normativa vigente, señala que la Presidenta debía haber pronunciar su discurso después del Alcalde y antes que el Príncipe. Además, cuando se invita a una autoridad debe tenerse en cuenta que hay que respetar el protocolo que le corresponde. Si no se va a cumplir es preciso informarle de forma previa o sencillamente no invitarle.
De cualquier forma, para no dañar la imagen del acto (como ha ocurrido) el sentido común nos dice que lo normal es que el Alcalde hubiera accedido a la postura del gobierno autonómico. No obstante, el hecho de que la presidenta de la Junta, pudiera haberse considerada “ninguneada” por el Alcalde de Granada debería haber valorado antes de tomar la decisión de no ir, si con ella perjudicaba la imagen del Premio, de su galardonado y el de la Comunidad. Por los datos que he podido obtener pienso que el criterio de la Junta es acertado, pero también estimo que aunque fuera protocolariamente “mal tratada” la presidenta debiera haber asistido igualmente al evento, dejando claro su malestar y protesta. Pero esto ya es política y al respecto nada tengo que opinar.
 autoridades
Rectificación municipal 
Sobre si el servicio de Protocolo del Ayuntamiento debiera haber rectificado la decisión, no es una cuestión que competa al mismo, pues su misión es ejecutar del evento de acuerdo a las directrices políticas que se le señalan (suponemos que habrán hecho su propuesta pero la decisión última es del Alcalde). Estoy convencido que habrán sugerido al Alcalde la conveniencia de que hablara la Presidenta y lo hiciera en el orden que todos los profesionales consideramos correcto (después que el primer edil y antes del Príncipe). Con ello se hubiera evitado esta polémica que no es buena ni para Granada ni para Andalucía y España. Pero los técnicos de protocolo no debemos meternos en política, y si alguien lo ha hecho resultaría reprobable desde el punto de vista del Código Ético de la profesión.
Asistencia de la Presidenta
Considero que la Presidenta debiera haber asistido el acto, no solo por deferencia a los Príncipes, sino por respeto al Premio y a su galardonado, y por extensión a los granadinos y andaluces. Pero entiendo por otra parte, su reacción, porque el “enrrocamiento” del Alcalde esconde claramente una intencionalidad política que va más allá de los intereses relativos al Premio y en los que no entramos. No tiene sentido (aunque respetamos la decisión) que la representante ordinaria del Estado en la Comunidad Andaluza se ausente por diferencias protocolarias en un evento importante de este calibre (ya nos vamos acostumbrado en España a situaciones simlares). Las discrepancias o desavenencias políticas, en eventos de este tipo, deben ventilarse en los despachos y no ser trasladados a lo público, en perjuicio de la imagen institucional de todos. Me imagino que para el Príncipe y el Premiado el acto terminaría por resultarles incómodo. Obviamente, en relación a la posición, como también es habitual, la Presidenta debiera estar junto a los Príncipes, lo mismo que el Alcalde (uno a cada lado).
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Mayor precedencia protocolaria para el presidente autonómico

Hace ya bastante tiempo que vengo dando vueltas y reflexionando acerca de la idónea precedencia que debe de tener tanto el Presidente de la Comunidad Autónoma como el Alcalde, cuando se celebran actos de carácter general en el territorio de sus competencias. Es evidente que suscitará mi opinión polémica, posturas divergentes o apoyos, pero no busca nada de eso, sino comenzar a construir un debate profesional, lejos de la politización e intereses concretos, acerca de los cambios que más tarde o más temprano han de introducirse en el Real Decreto 2099/83 sobre el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. He intentado no dejarme influir para nada de la coyuntura actual, sino del balance de las tres décadas de vigencia de esta normativa (en agosto cumplió 30 años y su aniversario pasó sin pena y sin gloria, lo que demuestra el aprecio que le tenemos) y el desarrollo institucional y autonómico de nuestro país, siempre en el máximo respeto a la normativa vigente.
Aunque precisa de debate sosegado, contrastado, quiero al menos abrirlo desde esta página. Voy a la premisa principal que defiendo:  en los actos de carácter general que se celebren en el ámbito de una comunidad autónoma, si su vocación o contenido es claramente autonómico, el presidente de la Comunidad en mi modesta opinión debiera subir su puesto y colocarse inmediatamente detrás del Presidente del Gobierno si asistiera al evento, o si no tras los Reyes, Príncipes e Infantas, y si no acudiera ninguno de ellos el primero o tras el anfitrión. Casi de forma similar defiendo que en los actos de carácter general cuya vocación es claramente municipal, el Alcalde debería situarse inmediatamente después del Presidente de la Comunidad, sino estuvieran presentes los máximos representantes de los tres poderes del Estado y el Constitucional..
Para llevar a cabo esto es necesario que el Real Decreto redefina la clasificación de los actos, general y especial, matizando el factor antes aludido de “vinculación, vocación o competencia” autonómica o local. La Constitución reconoce para el Presidente de la Comunidad la representación ordinaria del Estado, tal y como dice el artículo 152, apartado 1: “(…) y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla (…)”.
En virtud a esto, y al notable peso político que las comunidades autónomas han tomado desde su creación hasta ahora, parece de sentido común, que en su ámbito territorial ocupen un puesto por encima al menos de los presidentes del Congreso, Senado, Poder Judicial y Constitucional. Resulta obvio que esta precedencia no sea de aplicación cuando sean actos convocados de carácter general por las instituciones centrales del estado en la Villa de Madrid, en su condición de capital del Estado.
Apelando a la lógica resulta extraño e incoherente que el Presidente autonómico se vea relegado al puesto 10 en su comunidad, por detrás de los presidentes de aquellos poderes. Si tiene la “suprema representación” no es coherente que sea dispuesto detrás del Presidente del Poder Judicial (salvo que el acto sea promovido por el Poder Judicial o esté dentro de sus posibles competencias).
En nuestra defensa, apelamos igualmente a la consideración social que tienen los presidentes del Congreso y Senado, que aunque sean legales representantes de los ciudadanos, tienen menor peso político. Y lo mismo podría decirse del resto de los poderes fuera de sus estrictas competencias. Claro que no puede admitirse como argumento la “sensación ciudadana”, salvo qué ésta sea a juicio de los expertos un fiel reflejo de la realidad. El vecino de a pie es consciente -sea de su corriente política o no- que quien realmente le representa es el presidente del Gobierno, el Presidente autonómico y el Alcalde. De lejos ve a los presidentes de los poderes y mucho más al presidente de la Asamblea Legislativa o del Delegado del Gobierno.
Soy consciente, de que esta reflexión que abro precisa de muchos matices, de mayor argumentación y más apoyo jurídico. Por ahora solo quería trasladar lo que noto en la calle y el Protocolo si quiere sobrevivir debe ser sensible a la realidad, sin menosprecio de la Constitución y el legal valor de la representación. Nadie quita valor a nadie, pero otra cuestión es cuál debe ser el ordenamiento adecuado en actos que se celebren en el territorio de una Comunidad. Insisto que es una primera reflexión, con la que se ha iniciado un amplio estudio al respecto en el Instituto Universitario de Protocolo de la Universidad Camilo José Cela, cuyos resultados esperemos conocer pronto.
En otro momento, justificaremos con mayor abundamiento la defensa de la mejora del puesto para el Alcalde del municipio.