La semana que culmina nos ha dejado dos hechos que obviamente no han pasado desapercibidos para los ciudadanos. Por una parte, la revocación del título de Duquesa de Palma de Mallorca por parte del Rey a su hermana la infanta Cristina de Borbón, y, por otra, la toma de posesión de los alcaldes en los 8.115 ayuntamientos que hay en España, en los que trabajarán sus 68.230 concejales que elegimos hace apenas 15 días. Por ello, vamos a referirnos en dos artículos a ambas cuestiones, buscando como siempre el lado protocolario.
El diario El País, en su edición de hoy, asegura sobre la Familia Real: “La decisión adoptada por el Rey de revocar el título de duquesa de Palma a Cristina de Borbón y la reacción de esta asegurando que ya había renunciado antes de que se promulgara el real decreto pone de relieve el abismo que se ha abierto entre los dos hermanos como consecuencia de la imputación de la Infanta en el Caso Nóos. El movimiento realizado por Felipe VI sitúa de nuevo el foco en el paso siguiente: la renuncia de Cristina a sus derechos dinásticos, una decisión que solo depende de ella y que la desvincularía de la Casa del Rey”.
Las circunstancias en la que se producido esta decisión del Rey desdeluego no han sido las mejores. Aplaudimos la decisión de Felipe VI y, al mismo tiempo, censuramos la reacción de su hermana que si apreciara la monarquía lo mejor que hubiera hecho es haberse quedado al margen y no generar esta polémica infantil (“he sido yo, he sido yo”). Es curioso que el mismo día en que aparece en el Boletín Oficial del Estado la revocación antes aludida, la sexta sucesora a la Corona se descuelgue con una carta sin matasellos para enfatizar que la decisión de la renuncia ha sido cosa personal y no una decisión Real.
Conozco un poco la Casa Real Española y su entorno, y especialmente he tenido la oportunidad de seguir de cerca la manera de actuar de nuestro Rey. Es una persona calculadora, leal y cumplidor de sus compromisos. Lo hizo como Príncipe y lo hace como Rey. Cuando en su discurso de proclamación habló de “una monarquía renovada para un tiempo nuevo” podía deducirse que entre las muchas medidas que debía y debe adoptar para hacer realidad esa frase una de ellas era devolver el buen nombre a una Familia que hasta entonces estaba en entredicho por determinadas actuaciones de Juan Carlos I, la conocida desavenencia del anterior Reycon la Reina Sofía, su falta de entendimiento con su nuera la hoy reina Letizia y, por supuesto, el escándalo de Urdangarín que ha arrastrado como “cooperante necesaria” a la Infanta. Si ésta hubiera tenido el más mínimo sentido de Estado el mismo día que le comunicaron su imputación ya debería haber salido renunciando al título ducal –que como bien se sabe es honorífico y nada acarrea, pero se supone que quien lo tenga debe tener una conducta intachable digna de lucir un título propiedad de la Corona- y a los derechos sucesorios. Y ahí debiera haber acabado la historia.
Se enrocó la Infanta en su presunta inocencia –que no pongo en duda mientras no haya sentencia judicial-, pero en tanto se mueve entre abogados y jueces debe por el bien de este país quedarse de lado con todas las consecuencias. Y más tras el discurso de Navidad del rey Juan Carlos donde señaló que la Justicia ha de ser igual para todos, en clara referencia al caso Nóos, y el conocido deseo del actual titular de la Corona de que renunciara a sus privilegios por el bien general de la Casa Real. Apelar minutos después de salir el BOE a que ella había enviado por carta la renuncia, nos produce una sonrisa pícara. Tuvo tiempo la Infanta y no deja de ser curioso que lo hiciera cuando un Rey harto se vio obligado a ejecutar una decisión contra su propia hermana (deseoso estaba que fuera ella misma). Si ya estaba desacreditada Cristina de Borbón, el asunto de la carta la deja en peor situación.
Hasta donde una sabe, Felipe VI ya tenía tomada la decisión desde el mismo día de la proclamación, y solo su prudencia –al Rey no le gustan las decisiones precipitadas, ni que la Familia Real asuma protagonismo cuando hay otras cuestiones en España de mayor relevancia- le ha llevado a retrasar la firma al límite que se había señalado. Agotado este tiempo, y pese a los esfuerzos del Jefe de la Casa Real para que la propia Infanta tomara la iniciativa, Felipe VI no tuvo otra opción que decidir y lo ha hecho con acierto. Nos da igual que la carta llegara un minuto antes o después, porque desde su imputación ya tuvo tiempo para redactarla y comunicarla. La coincidencia solo pone de manifiesto que la “desdichada” no tenía la menor intención de renunciar y solo al final redactó las líneas cuando comprobó que su hermano iba en serio. Mal servicio a la Corona y al país de la Infanta imputada.
La cuestión sucesoria
Tiene ahora una buena oportunidad de demostrar que es ella quien lleva la iniciativa y comunicar su renuncia a la sucesión. Pese a lo que dicen equivocadamente muchos medios de comunicación, Cristina de Borbón no dejará de ser ni Infanta ni Familia del Rey (la casa del Rey es otro concepto y se refiere a la estructura funcionarial que agrupa a quienes trabajan para la Casa Real). Ni por política ni por sangre dejará de ser nunca la hermana del Rey e hija de Rey. No ha quedado fuera de la Casa Real por decisión política, sino por la regla consuetudinaria no escrita de que la Familia Real está compuesta únicamente por los reyes, los padres del titular de la Corona y sus hijos). Con Juan Carlos I era miembro de la Familia Real y lo fue hasta el 18 de junio de 2014, a las 24.00 h. Otra cosa es que en los últimos años del hoy Rey honorífico estuviera apartada de la agenda Real. Por la misma razón la infanta Elena de Borbón tampoco es miembro de la Casa Real, si bien ella mantiene una discreta agenda oficial (aunque es evidente que se le ha reducido al mínimo por una sencilla razón: Felipe VI quiere que la labor que le atribuye la Constitución sea asumida directamente por él con la ayuda de su esposa y en un futuro no muy lejano por sus dos inmediatas sucesoras, una a título de Princesa de Asturias). Una postura que nos parece acertada y adecuada porque el papel de la Corona debe ser asumida por quien es su titular, con la inestimable ayuda de sus más próximos –la agenda que puede tener un Rey le hace imposible cumplir su compromiso de estar en todos los lugares que debe-, razón por la cual ha de delegar hoy por hoy en su esposa y solo recurrir a otros cuando resulta verdaderamente necesario. Los reyes honoríficos y las infantas Familia del Rey deben tener su propia agenda, al margen de los asuntos que son competencia de la Corona (salvo los que lleguen por delegación o indicación).
Debe renunciar Cristina de Borbón a la sucesión por coherencia, y porque además se lo está pidiendo a gritos la sociedad española a la que parece no escuchar. Su propia dignidad personal debía reclamárselo, pero parece poderle más la rabia de los acontecimientos que su sentido de la institucionalidad en la que se ha formado durante años en Palacio. Un sentido que, por ejemplo, su hermana –tras unos años complejos con la separación y divorcio de Marichalar- no ha perdido en momento alguno, cuestión que la honra. Personalmente me da un poco igual que renuncie o no a sus derechos dinásticos y sucesorios, porque como sexta heredera sus posibilidades de acceso a la Corona son ínfimos, y en cualquier caso si así fuera las Cortes Generales tienen la última palabra, pues nadie –y muchos lo olvidan- puede llegar a ser Rey o Reina de España si las Cortes Generales no hacen la preceptiva proclamación. Y por supuesto que pueden no proclamar, por la misma razón que pueden decidir “lo que más convenga a los intereses de España” si las líneas llamadas en Derecho a la sucesión se agotaran”, según establece el apartado 3 del artículo 57 de la Constitución.
Quitar la dignidad y el tratamiento
La pendiente Ley Orgánica a la que se refiere el apartado 5 de aquél artículo, podría poner fin a esta laguna legal que termina por incomodar. Una Ley que deje claro, entre muchas cuestiones, que quedarán apartados de la sucesión personas que mantengan conductas indecorosas, inmorales o contrarias al Estado de Derecho y a los intereses generales de España, y que tal decisión recaiga en nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Se hace muy difícil llamar Infanta y tratarla de Alteza Real cuando en los próximos meses puede ser condenada por un delito que incluso le podría acarrear prisión.
Resulta también difícil incoherente y en cualquier caso extraño que en un evento oficial haya que reservarle a esta Cristina de Borbón el alto puesto que establece el Real Decreto 2099/83 sobre precedencias en el Estado que sitúa a los infantes –absurdamente por cierto- por encima de los máximos representantes de los poderes del Estado. Tiene que haber, por otra parte, mecanismos –como a los cargos públicos cuando se les inhabilitan- que despojen de privilegios cuando se acrediten las circunstancias que conlleven a ello. Y no es necesario solo con ir a la cárcel, pues pueden darse otros comportamientos legalmente no punibles pero sí éticamente reprochables. Y tal cuestión no debiera recaer en el titular de la Corona, sino en quienes representan a la soberanía nacional (las Cortes).
Modificar los honores
Sería necesario, pues, modificar el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre Régimen de Títulos, Tratamientos y Honores de la Familia Real y de los Regentes, en su artículo 3 que a propósito establece lo siguiente: “Los hijos del Rey que no tengan la condición de Príncipe o Princesa de Asturias y los hijos de este Príncipe o princesa serán infantes de España y recibirán el tratamiento de Alteza Real. Sus consortes, mientras lo sean o permanezcan viudos, tendrán el tratamiento y honores que el Rey, por vía de gracia, les conceda en uso de la facultad que le atribuye el apartado f) del artículo 62 de la Constitución”. Debía añadirse una afirmación que pueda permitir desposeer de estos privilegios en el caso de conductas reprochables, mal uso o ir contra los intereses generales del Estado. No hemos de olvidar que estas Reales Personas ni tan siquiera juran cumplir la Constitución, pero pueden pasear por el mundo su Infantado y su condición de Alteza Real. Esto también debe ser un reto para una “Monarquía renovada para un tiempo nuevo”.
Yendo más lejos en esta cuestión, estoy convencido que de la mano de este Rey y de los representantes políticos de turno, veremos en algún momento someter al Jefe del Estado coronado a la confianza de las Cámaras. ¿Por qué no? Creo que legitimaría mucho más a nuestro Jefe del Estado (que ha alcanzado ese grado por el mero hecho de ser hijo o hija de un Rey) que periódicamente (hablando en lenguaje coloquial) preguntara a los diputados y senadores si quieren que siga siendo la máxima autoridad del país. El día que llegue ese momento sí estaremos de verdad ante una monarquía totalmente reformada ante un tiempo que ya empieza a no ser tan nuevo. La monarquía periódicamente refrendada, con un Rey o Reina que rinda cuentas públicamente y se gane la confianza, parece ser el mejor futuro de un sistema político que obviamente en una democracia como la del siglo XXI chirría un poco. La monarquía parlamentaria debe ser también eso. Y desdeluego con un buen rey o reina no habría por qué tener miedo a posibles inestabilidades institucionales. En las repúblicas nadie tiene miedo que mediante las elecciones el Jefe del Estado pueda ser cambiado o confirmado. Los reyes deben empezar a pasar por ello.