¿Vale todo? El ceremonial de Estado vive su segunda transición

La crisis que vive el mundo en general y España en particular también afecta al Ceremonial del Estado y a la aplicación de la legislación vigente y las tradicionales reglas por las que hasta ahora nos hemos venido rigiendo, eso que venimos en llamar la costumbre inveterada. Vive al menos nuestro país una singular segunda transición, necesaria para avanzar en la implantación real de la democracia, aumentar los niveles de transparencia, mejorar los servicios básicos e irrenunciables a los que tenemos derecho los ciudadanos y ventilar la denostada clase política de nuestro país, entre otras muchísimas cosas. Confiamos, por encima de todo, que esta revisión de nuestro sistema traiga un más justo reparto de la riqueza y el derecho real al trabajo, sin olvidar la importancia de consolidar una calidad de vida aceptable para todos los ciudadanos.

 

Como no es objeto de este blog entrar en consideraciones sobre política y quienes la ejercen, queremos centrarnos en lo que esta segunda transición está trayendo en el ámbito del ceremonial. Hay cosas que son evidentes, tales como una mayor permisividad en el uso de los símbolos oficiales con respecto a la normativa, aplicación libre del Real Decreto 2099/83 sobre ordenación general de precedencias en el Estado y concepción y desarrollo de los actos oficiales bajo nuevos formatos en los que la prioridad ha sido tomada por los criterios comunicativos y periodísticos. Sólo por citar algunas áreas de este cambio. No entramos a valorar la transformación de algunos eventos cuyo perfil se ha reducido bien por inexistencia de recursos o bien por no trasmitir a la sociedad una imagen de sobriedad.

 

Desde la Jefatura del Estado hasta el más pequeño ayuntamiento, con independencia del presupuesto, tratan de organizar eventos de otra manera, de tal forma que cobra mayor relevancia lo mediático, es decir, la importancia de lo que se comunica, que el hecho en sí mismo. Esto, sin ser criticable, más bien parece loable, provoca necesariamente que el tradicional ceremonial del conjunto de las instituciones sufra importantes modificaciones, en unos casos para bien y en otros no tanto. Algunos expertos incluso se preguntan si es positivo renunciar a determinadas tradiciones o legados culturales en aras a la simplificación o al ajuste económico. Lo que está claro es que por unas u otras razones los cambios están ahí. Insistimos que no pretendemos criticar ni reivindicar nada al respecto, sino solo constatar el proceso de cambio importante en el que ha entrado el ceremonial en nuestras instituciones. Es evidente que era necesario, pero tenemos la duda de si se está haciendo adecuadamente.

 

Altas instituciones del Estado se afanan en organizar eventos con perfil bajo en su formato y puestas en escena sencillas que no transmitan la imagen de dispendio. Ahorrar en tiempos complejos como los que atravesamos es lógico, pero al menos hemos de reflexionar hasta dónde debe llegarse al respecto. No sería nada de extrañar que esta segunda transición deje en el camino ceremonias históricas como la presentación de cartas credenciales ante el Rey, cuyo aparente boato -legado de más de trescientos años- terminará por sufrir modificaciones o incluso por ser sencillamente eliminadas. En las recepciones oficiales en las más altas instancias hemos observado detalles que nos indican claramente que estamos ante una nueva conccepción del Protocolo de Estado. La participación de los miembros de la Familia Real en eventos organizados por otras entidades se hacen bajo consignas nuevas que obedecen a la austeridad, practicidad y acercamiento a la sociedad, algo que no criticamos, al contrario, pero que sí constatamos.

 

Está claro que en la mayoría de los casos la organización se ve condicionada por la escasez de recursos económicos, pero a la sombra de esa circunstancia se están produciendo notables cambios que no siempre son imputables a la economía o a la necesidad de comunicar mejor. Evolucionar en este sentido es positivo, aunque en algunos casos lleve consigo la pérdida de cierta identidad y riqueza cultural. Una cuestión que dejamos ahí para proceder en algún momento a una reflexión o debate en más profundidad. Pero vaya por delante que no siempre evolucionar es cargarse patrimonios culturales que forman parte de nuestra idiosincrasia y del legado histórico.
 
Inauguración de la Asamblea de Cámaras de Comercio con motivo del 125 aniversario delas Cámaras. Acto celebrado en Madrid (de izquierda a derechoi, Secretaruio de Estado, Presidente de la Comunidad, Príncioe, Presidente del Consejo Superior de Cámaras y Alcaldesa de Madrid. Fuente: www.camaras.org.
En aras a esta «transformación» o evolución del Protocolo Oficial la aplicación de las precedencias fijadas por norma en el Estado han entrado en barrena. Hoy puede justificarse que el Secretario de Estado de Industria vaya por delante de la Alcaldesa de Madrid, en un 125aniversario de las Cámaras de Comercio organizado por su Consejo Superior en la capital de España, bajo la presidencia del Príncipe de Asturias, o que la Alcaldesa de Cádiz preceda al presidente del Parlamento andaluz en la conmemoración del bicentenario de La Pepa. Salvo errores sonados, fruto en muchos casos del desconocimiento de quienes lo aplican o de la politización de muchos eventos oficiales, en materia de precedencias se ha pasado de la aplicación legal a la justificación libre del anfitrión en función al tipo de evento. Puede que no sea malo, pero sí lo es que en supuestos idénticos las soluciones sean dispares, lo que da pie a las consideraciones subjetivas sobre la normativa vigente. Así las cosas, la necesidad de actualizar el Real Decreto 2099/83 pierde fuerza: ¿para qué cambiar, si cada acto puede requerir soluciones al margen de lo que se disponga? ¿Merece la pena abrir un gran debate para actualizar el Real Decreto si luego cada cual lo adaptará a sus situaciones? Volvemos a reivindicar que es necesario actualizar todo el conjunto de normas que afectan al Protocolo del Estado, pero también a uno le entran severas dudas sobre si merece la pena si al mismo tiempo no se generan los controles correspondientes.

 

En este contexto, el presidente regional seguirá compareciendo bajo una sola bandera, la de su comunidad autónoma (este hecho ya no puede imputarse solo a los partidos nacionalistas). Será justificable cuando queramos que un delegado del gobierno se quede fuera de una presidencia en la que si esté el Alcalde (no siendo acto municipal) o que se interprete el himno nacional en los formatos y duración que nos venga en gana. En este caos que ahora vivimos vale casi todo y basta con mirar la actualidad de cada día, lo que nos hace concluir que en la organización de los actos importantes los responsables de comunicación han tomado el control. Y para nada es bueno. Debe permanecer la conjunción de todos los factores clásicos vigentes en los eventos: protocolo, comunicación, seguridad, producción y creatividad. Los criterios comunicadores se imponen a los protocolarios como si éstos fueran negativos o pasados de moda (estamos en momento de descrédito), así como el mayor control político para beneficiar al color partidista de sus promotores. Si todo es justificable, para qué vamos a normativizar. Sería un error no hacerlo, porque es necesario evolucionar en los actos oficiales, pero también es imprescindible regular determinadas cuestiones que no deben quedar a la libre interpretación. ¿Es justificable el orden de la Familia Real en las dos últimas recepciones –Pascua Militar y Cuerpo Diplomático– en el Palacio Real? Si lo es, estamos ante un nuevo panorama, donde a falta de argumentos siempre nos quedará la frase contundente: «En casa de uno se hacen las cosas a su manera» y da igual que sean actos de Estado.

 

Recepción Pascua Militar. 6 de enero de 2013. Fuente: www.casareal.es. Borja/fotógrafos

Recepción Cuerpo Diplomático. 23 de enero de 2013. Fuente: www.casareal.es. Borja/fotógrafos
Y a menor escala, el vale todo se ha impuesto. Creo que hay que evolucionar y cambiar muchas cosas en el ceremonial de Estado, pero hay que empezar por adaptar normativas y perseguir las libres interpretaciones que en la mayoría de los casos precisamente no responden a justificación sostenible alguna. En fin, es la segunda transición. Veremos por dónde deriva.

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